En sesión ordinaria número 20, que se extendió por más de ocho horas, diputados realizaron control político a la secretaría de Hacienda y a la Dirección de Tránsito Departamental, con el fin de conocer el panorama financiero del Departamento y las acciones en materia de seguridad vial.
En lo que respecta a la Secretaría de Hacienda, se informó por parte de Julio Molano, jefe de esta cartera, que los recursos con los que cuenta el Departamento para ejecución en proyectos de inversión en 2018 y 2019 es de 257.000 millones de pesos.
Frente a esto los diputados expresaron que el panorama no es muy alentador y que con ese presupuesto difícilmente se podrá dar cumplimiento a las obras que se han anunciado por lo que se reiteró, por parte de los corporados, la priorización de estos recursos a proyectos de inversión neurálgicos para el Departamento.
Adicionalmente, Molano dio a conocer que para 2019 el Departamento ya NO podrá disponer de recursos provenientes del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, que son dineros con los que se contaban por el orden de los 80.000 millones de pesos al año.
“No sabemos de dónde van a salir recursos para temas como Capresoca, Universidad UPTC en Aguazul, Hospitales, SENA Monterrey , el muro de protección del Cravo Sur y esto no es culpa de la Administración Departamental, sino de los pocos recursos de regalías que le quedan al segundo productor de petróleo del país” expresó el presidente de la Asamblea, Homero Abril.
Los diputados opinaron que la ejecución de los recursos sigue siendo baja y que debe trabajarse urgentemente en ello, en aras de la dinamización de la economía y el desarrollo del Departamento.
En el informe de Hacienda se conoció además que en el cierre fiscal vigencia 2017, el Departamento tuvo un superávit o déficit de $212.241.369.338,51 y que la proyección de recaudo para este año es de $96.964.288.882,92.
En cuanto a la Dirección de Tránsito Departamental, Eliana Muñoz, indicó que una de las acciones que se están llevando a cabo en materia de seguridad vial tiene que ver con el convenio de cooperación entre el departamento de Casanare y la Policía Nacional, para la regulación y control del tránsito y transporte en los municipios de Aguazul, Tauramena, Monterrey, Villanueva, Paz de Ariporo, Pore y Maní.
Los Corporados elevaron las quejas de la comunidad de los diferentes municipios donde se ejecuta dicho convenio, los cuales se ven en “aprietos” a la hora del pago de las infracciones, por lo que en sus jurisdicciones no se cuentan con oficinas o no hacen presencia los bancos donde se deben pagar las multas.
La intervención de la comunidad se enfocó en que dicho convenio es irregular porque se entregó el servicio de parqueadero a particulares, sin la debida licitación pública, y además, porque se establecieron tarifas de grúa y parqueadero sin la aprobación o filtro de los Concejos Municipales.
Los diputados indicaron que se debe revisar bien el tema para tomar alguna decisión y que no hay claridad en cuanto a los recursos del servicio de parqueaderos y grúas donde al parecer gana más el que presta el servicio que la entidad.
Finalmente, resaltaron la reducción de los índices de accidentalidad e instaron a que se evalué la posibilidad de hacer comparendos pedagógicos donde la persona en vez de pagar costos altos, deba realizar trabajos sociales como pintar cebras o arreglar calles.
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